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KICILLOF SE EQUIVOCÓ

 

“Esperemos que los cambios nos sirvan”, dijo este jueves (20/9) a Urgente24 José Luis Martínez Justo, presidente de la Cámara de Empresas Pyme de Energía y Biocombustibles (CEPEB), quien este miércoles concurrió a la Casa Rosada para el anuncio de la mandataria.

Martínez Justo aseguró que el precio fijado en agosto por la comisión que lidera el viceministro de Economía, Axel Kicillof, “se deja de lado” y se determinará un nuevo “en función del valor de exportación”, que ahora quedará afectado por las retenciones móviles anunciadas el miércoles.

De hecho, en la oficialización de la medida anunciada, que se publicó este jueves en el Boletin Oficial, se establece que el precio interno debe resultar “equivalente al precio de referencia deducido el monto del derecho de exportación”, que se ubica en un piso del 19,11, según confirmó Kicillof en la tarde del jueves en conferencia de prensa.

“La diferencia del precio del aceite (de soja, el principal insumo del combustible) y el biodiésel pasó en agosto de ser de $2000 a $1000. El nivel de retenciones (impuestos a exportaciones) tiene que ajustarse a esto. Esto va a pasar mil veces”, señaló Kicillof en el Ministerio de Economía.

“La idea es que haya una paridad entre el precio de exportación y el precio interno”, dijo Martínez Justo, quien un día antes a este mismo medio (ver ‘Cristina retó a Kicillof’) aseguró que las pymes necesitan un precio que no sea inferior a los $5.100 para seguir funcionando.

En aquel diálogo el empresario contó que el 80% de las plantas del país estaban paralizadas tras el aumento de las retenciones y la baja del precio interno anunciada en agosto. En el caso de las pymes, Martínez Justo había enfatizado que “todas” se encontraban sin actividad.

Con las modificaciones anunciadas el miércoles por la Presidente se da marcha atrás con las medidas anunciadas por Kicillof y otros funcionarios un mes atrás, en claro reconocimiento de que los números habían sido mal calculados.

Aquellas medidas había caído muy mal en el sector, desde donde aseguraron que estaba en riesgo el futuro de la industria.

Retenciones

La alícuota de retenciones a la exportación de biodiesel, que se revisará cada 15 días, se calculará sobre el precio de referencia del biodiésel y los costos totales más retorno sobre el capital total empleado.

La encargada del cálculo será la “Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo” que integran funcionarios de Economía, Comercio Interior, Industria, Planificación Federal y la Afip.

Así quedó dispuesto en el decreto 1719 publicado este jueves en el Boletín Oficial, por el cual se oficializó la decisión de aplicar un esquema de retenciones móviles a la exportación de biodiesel, señala la agencia DyN.

En los considerandos de la norma se indicó que las principales cámaras empresarias del sector pidieron que se implemente “un esquema de alícuotas móviles de derechos de exportación al biodiesel que tenga en cuenta tanto la evolución de los precios internacionales del producto como los costos de producción locales”.

Esto último fue anticipado el miércoles por la Presidente.

En su artículo 2º, la norma estableció que con “una periodicidad quincenal” se calculará el precio de referencia del biodiesel y los costos totales más retorno sobre el capital total empleado, para definir así “la alícuota del derecho de exportación”.

Según el decreto, al precio de referencia de la tonelada del biodiesel se descontarán los costos totales más retorno sobre el capital total empleado, y de allí surgirá el valor de la alícuota.

Para acceder al esquema, los productores locales de biodiesel deben comprometerse a “mantener o incrementar” su planta de personal respecto a diciembre pasado, y a “no” aplicar suspensiones sin goce de haberes.

Precio interno

Sobre el precio del biodiesel destinado al mercado interno, el texto estableció que “será determinado por la mencionada Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, debiendo resultar equivalente al precio de referencia deducido el monto del derecho de exportación”.

La norma fue firmada por la Presidenta, el jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y su par de Industria, Débora Giorgi.

Las exportaciones de biodiesel dieron lugar a un conflicto comercial con España, que poco después de la expropiación de las acciones de Repsol en YPF decidió no importar más el producto de la Argentina.

Si bien la presidenta en un principio aseguró que no iba a hacer reclamos porque “España estaba en su derecho de pagarlo más caro”, la Cancillería presentó un reclamo al respecto ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).